En un pasado, todos los órganos judiciales de Barcelona, ​​estaban dispersados ​​por la ciudad, y la creación de nuevos órganos obligaba al alquiler de nuevos espacios con el consecuente desorden palpable, al tiempo que los servicios y la contratación de personal se duplicaban, entre otros inconvenientes.
Por lo tanto, bajo el criterio de concentración y de eficiencia de ahorro, tomó forma la idea de la creación de un espacio específico.

La voluntad de integrar también los Juzgados de l’Hospitalet comportaba una dificultad añadida, no sólo porque condicionaba la ubicación de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, ​​sino también por la exigencia legal de que los juzgados de un partido deben estar situados, lógicamente, dentro de la demarcación de ese municipio. Así pues se negoció con el Ministerio de Defensa la compra de los terrenos de los antiguos cuarteles de Lepanto. La única exigencia del Consejo General del Poder Judicial fue entonces que se accediese a los Juzgados de l’Hospitalet desde esa ciudad y los de Barcelona, ​​desde su propio término municipal.

Dado que la densidad del primer proyecto era muy superior en el entorno, se decidió disminuirla, con el acuerdo de que la Audiencia Provincial tendría un palacio para ella sola en los espacios liberados de los viejos juzgados del Paseo Lluís Companys.